Se denuncia públicamente al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA

Denuncia pública: caso OEA-Nicaragua

Y así como el “diálogo” en Venezuela, según Almagro, fue “contraproducente”, asimismo sus “acuerdos” obstaculizan una solución democrática para Nicaragua.

Denuncio al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA:

1) Por fallarle a la causa de la democracia y la libertad del pueblo de Nicaragua, al actuar de hecho como aliado de la dictadura orteguista y tratar de ignorar la farsa electoral  2016 y la masiva abstención electoral del pueblo el 6 de noviembre. Farsa y abstención que conocen la comunidad internacional y nosotros los nicaragüenses, como los mejores “observadores”,  cuando el pueblo dijo en voz  alta y clara: ¡No a la farsa electoral! La gente no fue a votar y las calles de Nicaragua estaban vacías.

Esta extraordinaria abstención hace que este régimen carezca de toda legitimidad y que hayan graves inconsistencias en los “resultados”, al tratar el sistema de inflar y crear cifras falsas, para hacer (nos) creer que la gente votó. No presentó el Consejo Supremo Electoral (CSE) los resultados de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) como mandata la Ley.

Y nadie puede venir aquí, señor Almagro,  a tratar de legitimar lo que es ilegítimo, ni a tratar de legalizar lo que es ilegal.

2) Por actuar de manera turbia, al ocultar el señor Almagro  el Informe original preparado por la OEA  precisamente sobre el proceso electoral del 2016.  ¿Y el principio de transparencia en la OEA?

3) Por fallarle el señor Almagro a los principios fundamentales de la OEA y la CDI, ya que en Nicaragua se ha roto en mil pedazos: el Estado de Derecho, la Institucionalidad,  la independencia  de los poderes,  la autonomía municipal, el derecho a elegir,  el respeto a la libertad de expresión y movilización,  los DD. HH. del pueblo. ¿Y la OEA y la CDI, entonces para qué están?  (El Parlamento Europeo, más lejos de Nicaragua, ha señalado graves ausencias de democracia en este país).

4) Por falta de seriedad   y  faltarle el respeto al pueblo de Nicaragua,  al firmar “acuerdos” con los mismísimos funcionarios del CSE que ejecutaron los fraudes  de las elecciones municipales del 2008, las nacionales del 2011, las municipales del 2012 y las recientes  elecciones nacionales del 2016 convertidas en una farsa electoral repudiada por la abstención popular.

Fraudes que han provocado —y le han costado al pueblo pobre de Nicaragua— la pérdida de cientos, si no miles, de millones de dólares de cooperación internacional,  que hubieran servido para aliviar la pobreza, generar empleos, mejorar la educación y la salud de nuestra gente. Fraudes flagrantes y la OEA —y el señor Almagro— bien saben, ya que la OEA estuvo presente en el  2011 como “observador” electoral.

5) Por ignorar completamente en sus “acuerdos”, las múltiples denuncias de violaciones a los DD. HH. presentadas al señor Almagro en  Managua (30 Nov-1 Dic); incluyendo  la  violenta represión sufrida  por los campesinos de Nueva Guinea —liderados por doña Francisca Ramírez—, que se movilizaron contra la Ley 840 del Canal y contra los resultados amañados de “la chanchada electoral”. ¡Pareciera  ser que el señor Almagro ni oyó, ni vio nada! ¡Es triste!

6) Por no ser coherente  entre su decir (o escribir) y su actuar. (Ver su  artículo en  El País de España).

Habla como demócrata pero actúa como aliado de la dictadura al pretender desviar la atención de la farsa electoral del 2016 con el cuento de unas elecciones municipales 2017, que serían claramente “un espejismo de democracia”  dejando intacta a la  dictadura Ortega-Murillo derivada de esta farsa.   ¡Aquí no ha habido elecciones nacionales!  No podemos aceptar que “lo robado, robado está”. ¡Es nuestro país!

Y así como el “diálogo” en Venezuela, según el señor Almagro,  fue “contraproducente”, asimismo sus “acuerdos”  obstaculizan  una pronta solución pacífica, democrática e integral, para Nicaragua. Cabe preguntar:  ¿de qué lado están  Almagro   y la OEA?

Almagro insiste en la urgente necesidad de “redemocratizar” y “reinstitucionalizar” a Venezuela. Pero no plantea lo mismo para Nicaragua. ¿Por qué maneja “dobles discursos” para Venezuela y Nicaragua?

El autor es ingeniero. Ciudadano nicaragüense.

Amenazan de muerte a defensora de derechos indígenas en Nicaragua.

“Responsabilizo al Estado por las
 amenazas de muerte”

Lottie Cunningham exige protección para los defensores de derechos humanos en Nicaragua

Lottie Cunningham no calla. La han amenazado de muerte, pero sigue denunciando la inacción del gobierno del comandante Daniel Ortega ante la invasión de tierras indígenas por parte de colonos en el Caribe de Nicaragua. Una situación que ha dejado más de 32 indígenas asesinados desde septiembre de 2015.

A través de su cuenta de Facebook, la directora del Centro Por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan) recibió las amenazas. Si seguía denunciando ante los medios de comunicación la invasión, sería asesinada, le dijeron.

“Si nos pasa algo vamos a responsabilizar al Estado de Nicaragua, porque tiene que asumir esa obligación de proteger y defender a los defensores de derechos humanos”, dijo Cunningham en una entrevista transmitida en el programa Esta Noche.

¿Hubo algún tipo de identificación de estas amenazas? ¿De quiénes vienen?

Recibí la amenaza directamente en mi messenger de Facebook. Desconocemos quién es la persona. Sin embargo, la forma en la que hace la amenaza interpretamos que son grupos afines al gobierno. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por estas amenazas. Estamos viviendo esta criminalización desde hace dos años.

¿Por qué este tipo de personas afines al Frente Sandinista hacen estas amenazas hacia su persona y el Cedjuchan?

Porque nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos tenemos más de veinte años trabajando específicamente en la defensa de los derechos territoriales, y la protección de los recursos naturales. En estos últimos años, desde 2007 a 2015, y hasta el día de hoy, se ha aumentado la criminalización hacia los líderes indígenas en la defensa de sus territorios. Dentro de esa criminalización hemos tenido amenazas por defender a los pueblos indígenas.

Es bastante serio el hecho que, en este caso, las amenazas vengan de un partido político que ostenta el poder en Nicaragua. ¿Cree que hay riesgo real de su vida?

Por supuesto. Es deber del gobierno de turno y el Estado de Nicaragua proteger a los defensores y defensoras, y que no tengamos ningún tipo de obstáculo, difamación ni criminalización para ejercer la defensa de los pueblos indígenas. Como ya hay antecedentes en los que nos han asesinado, las amenazas que nos han hecho por medio de los textos, nos han indicado que en la misma forma que han asesinado a los líderes indígenas, nos van a asesinar a nosotros.

Según sus cifras, son más de 32 miskitos asesinados, 40 secuestrados… ¿ha habido algún tipo de respuesta de las autoridades a esta ola de violencia que desangra el Caribe?

Nosotros hemos agotado todos los mecanismos internos, e incluso los mecanismos internacionales ante el sistema interamericano. Es decir, hemos interpuesto denuncias ante la Policía Nacional, sin embargo, a nosotros en diciembre nos rechazaron 49 casos denuncias interpuestas. El agente policial nos informaba que tenían orientaciones superiores para no atender estas denuncias. Incluso, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a doce comunidades indígenas han sido ignoradas por el Estado de Nicaragua.

También fueron emitidas para miembros de su organización.

Así es. Para seis miembros de Cejudhcan. El gobierno no ha tomado ningún tipo de medida para disminuir lo que, tanto las comunidades como nosotros, enfrentamos.

Estamos en un contexto bastante hostil para los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Hemos visto lo que ha pasado con Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, y las amenazas que ha denunciado la líder del movimiento anti canal Francisca Ramírez. En el contexto centroamericano se ha dado el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. ¿Cómo se siente Lottie Cunningham ante este ambiente y como mujer defensora?

Sentimos que se sigue intimidando y descalificando la labor que nosotros hacemos, pero estamos muy seguros de nuestro trabajo, es buscarle justicia a los pueblos indígenas. En este caso específico la defensa de sus territorios, que es un derecho humano fundamental para la existencia de los pueblos indígenas. Así que con estas intimidaciones nos sentimos vulnerados, pero eso no va a dar paso atrás. Vamos a continuar nuestros trabajo y lograr el saneamiento territorial de los pueblos indígenas.

Si llegara a ocurrirle algo a un miembro de su organización o a su persona, ¿usted responsabilizaría al Frente Sandinista?

En este caso vamos a responsabilizar al Estado de Nicaragua, porque tiene que asumir esa obligación de proteger y defender a los defensores de derechos humanos.

¿Además de poner esta denuncia, han recibido algún tipo de seguridad por parte de las autoridades locales?

En ningún momento las autoridades competentes se nos han acercado para implementar las medidas necesarias, como son las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Ni siquiera las medidas cautelares para las doce comunidades que viven en alto riesgo, resultado de la omisión e ignorar las medidas cautelares. Las comunidades y nosotros seguimos sufriendo amenaza y hostigamiento como lo vimos el mes de febrero.

¿Qué medidas de seguridad están tomando para protegerse como organización?

Compartir la información al público, para que el público conozca sobre las amenazas que estamos recibiendo. Hemos denunciado la misma ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde hace años vienen denunciando el tráfico ilegal de tierras. ¿Quiénes están involucrados en este tráfico?

Hemos pedido una investigación sobre el proceso, porque conocemos de parte del Estado un informe con una lista de nombres. Pero nosotros conocemos de otros. Este informe fue entregado a la Comisión Interamericana como un informe de cumplimiento a las medidas cautelares. Lo que nosotros esperamos es que el Estado investigue los casos y los esclarezca. Que señale quienes son las ventas ilegales de los territorios.

De acuerdo a una investigación de Confidencial miembros del Frente Sandinista promueven la invasión de tierra en el Caribe. ¿Ustedes conocen de esta situación?

Lo que hemos hecho es interponer denuncias a las autoridades competentes. Sin embargo, no han prosperados. Las autoridades siguen omitiendo. Lo que ha solicitado las comunidades que las personas que han vendido, incluyendo indígena, deben ser sancionados. Se debe parar este proceso sancionando a los compradores, porque nadie puede ignorar la ley.

¿Cómo se puede solucionar este problema?

Para nosotros la solución es el saneamiento, y eso significa el tratamiento para caracterizar a los terceros. En el caso de los colonos, que son invasiones masivas, la ley dice tácitamente. Incluso el Código Penal establece como delito la usurpación de la tierra comunal. Esperamos que las autoridades, ante las denuncias que hemos hecho, pueden proceder a investigar a los autores materiales e intelectuales.

¿Cree que hay voluntad político para impulsar el saneamiento?

No se ha visto una voluntad política por parte del gobierno. Los mecanismos que hemos tenido, como es las medidas cautelares, y en el caso de la Corte la medida provisional, establece que debe tomarse medidas necesarias. No únicamente para proteger vida, sino que debe ver desde la territorialidad con una perspectiva de una identidad cultural. La Corte le orienta al Estado de Nicaragua resolver el saneamiento. Sin embargo, el Estado informó en diciembre de 2015 que había un decreto para formar una comisión interinstitucional e iniciar el proceso. Pero no han llamado ni a las comunidades ni representantes.

Hay voluntad de aprobar la Nica act.

Ex embajador dice que Ortega está obligado a actuar con transparencia.

Para el analista político y ex diplomático Bosco Matamoros, las violaciones del gobierno de Daniel Ortega a los derechos políticos y civiles de los nicaragüenses, sumado a la presión de la  Nica act y la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua que trabaja un proceso de cambios en el país en el tema electoral, son una olla de presión que obligan al caudillo sandinista a realizar cambios en su conducta política.

“Aquí hay un contexto internacional que es bien importante. Este gobierno ha perdido amigos en Europa. En Washington no encuentro yo sectores que le tengan simpatía, que estén enamorados de este modelo que no es aceptado ¿porqué? porque este tipo de modelo se ha sobreextendido, ha ido más allá de su capacidad de ser sostenible políticamente”, advierte Matamoros, un experto cabildeador en la capital estadounidense. La suma de hechos negativos que ponen contra la pared a Ortega, según el punto de vista de Matamoros, son contundes y que desde hace rato se lo advierten al caudillo.

Matamoros recuerda que algunos hechos que van desde la suspensión de la Cuenta Reto del Milenio de parte de Estados Unidos, la suspensión también de la cooperación europea, hasta la amenaza de que el país no pueda acceder a créditos de organismos financieros, en los cuales el voto de EE.UU. es decisivo, lo que podría expresarse si llega a ser una realidad la iniciativa conocida  la “ Nica Act”, aprobada en el Congreso y aun pendiente de un proceso en el Senado.

 Buscó información en EE.UU.

“Mi impresión desde el punto de vista político después de las reuniones que tuve en Washington, tanto en la Cámara como en el Senado, con los directores de los comité de Relaciones Exteriores es que hay una voluntad política de aprobar esta legislación (Nica Act) independientemente de lo que se esté haciendo por aquí”,  dijo Matamoros, quien aseguró que estas gestiones las hizo a título personal para “informarse”.

Además advirtió que “aquí tenés dos cosas: la aprobación y la aplicación de esa legislación que serán catastróficas para la estabilidad del país porque Nicaragua necesita de la inversión internacional”. Matamoros se desempeñó como  embajador de Nicaragua en Europa, durante la presidencia de Enrique Bolaños (2002-2003). Matamoros asegura que Ortega está obligado a actuar con transparencia ante la comunidad internacional para buscar su legitimidad y eso pasa, dice el ex diplomático, que además de la OEA como observador, también Ortega permita que venga a observar los procesos electorales la Unión Europea y el Centro Carter.

“El gobierno de Daniel Ortega debe asegurar que haya un proceso electoral transparente y aceptable internacionalmente. Las elecciones como las que hubieron en el 2016, hay un consenso internacional de que fueron viciadas y el hecho de que este la OEA en Nicaragua demuestra la necesidad de este gobierno de que haya un proceso no solamente aceptable para los nicaragüenses sino también para la comunidad internacional”, señala el analista.

Matamoros cuestiona que Ortega ha estado mal asesorado y que las consecuencias son que  ahora está “en una situación de arrinconamiento”.

“¿Cuáles serían las alternativas de Ortega sino da elecciones transparentes? Hay un hilo de oportunidades y Ortega ha demostrado que puede actuar con osadía y creatividad y en esta circunstancia necesita osadía y creatividad. Ortega hoy más que nunca necesita el consenso de la llamada oposición, pero no de la oposición patrimonialista, sino del consenso de una oposición auténtica y competitiva y que los nicaragüenses  le digan a la OEA si aceptamos esos resultados.. Con elecciones observadas por la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, el Frente (Sandinista de Liberación Nacional) no gana elecciones porque su política clientelar no pasa de más del 30 ó 35 por ciento (de los votos)”, afirmó Matamoros.

Oposición sin propuesta

No obstante, el analista  dijo  que se necesita la unidad de la oposición, pero con una propuesta política que aglutine a esa mayoría silenciosa de la población que no salió a votar en  de noviembre de 2016. “Esa mayoría silenciosa de este país tiene que organizarse para articular esa voluntad política para ganarle al Frente Sandinista las municipales y prepararse para ganar las nacionales”, planteó Matamoros.

Factor Coerción

La Nica Act y OEA  son un factor coercitivo contra  Daniel Ortega, insiste el ex embajador Matamoros.

“El Nica Act va de la mano con la propuesta de Almagro (y) es el factor coercitivo que está obligando a este gobierno aceptar las condiciones que la OEA está proponiendo para solucionar el tema electoral y se logren  las reformas constitucionales que este país necesita, para que haya transparencia electoral y los poderes de Estado funcionen independiente y en el marco de la ley, se respeten los derechos políticos y civiles”, explicó.

“De modo que Ortega es el único que tiene en sus manos no se aplique la ley Nica Act una vez aprobada, que repito sería catastrófico para Nicaragua”, dijo.

Ortega es principal violador de derechos humanos.

Ortega es principal violador de  derechos humanos.

La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), responsabilizó a la vicepresidenta Rosario Murillo por la carta que ministras del gobierno interpusieron ante la embajada de Estados Unidos en Managua, atacándola por la condecoración y nominación al premio Mujer Coraje, que le entregó el pasado siete de marzo la embajadora Laura Dogu.

La defensora de derechos humanos argumentó que el hecho que la vice ministra de Relaciones Exteriores, Arlette Marenco, haya informado a Murillo que la carta había sido entregada satisfactoriamente a la legación norteamericana, “es la prueba” de que Murillo está detrás del ataque oficial.

“La ministra lo hizo como rindiendo cuentas, como diciendo misión cumplida”, especuló Núñez. ¿Por qué usa intermediarios y no se atreve a decirlo ella misma (Murillo)?”, retó.

La carta suscrita por las nueve funcionarias públicas –entre ellas ministras, vice ministras y directoras de entes estatales– califica el reconocimiento a la labor de Núñez como un “acto de hostilidad contra nuestro pueblo y gobierno”.

La distinción fue entregada por la embajadora Dogu a Núñez un día previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Consiste en una nominación al premio Internacional a las Mujeres de Coraje, que cada año entrega del Departamento de Estado norteamericano a mujeres destacadas, en los países en los que tienen representaciones diplomáticas.

Núñez no se extrañó por la respuesta “visceral” del gobierno y recordó que no es la primera vez que arremeten contra ella cuando es condecorada. Pasó en 2011, cuando Francia le otorgó el reconocimiento “Legión de Honor” en grado de Caballero, uno de los más importantes que entrega el país galo desde 1804. Esa vez –recordó Núñez– Cancillería llamó en tono de reclamo al entonces embajador francés, Thierry Frayssé.

Sin embargo, lamentó que hayan utilizado a las funcionarias para atacarla,cuando algunas de ellas aplaudieron su nominación en la recepción diplomática.

La carta de protesta del gobierno sandinista también increpa a la representación estadounidense. Reclama por “injerencia política y social” al considerar la embajadora Dogu como “mujer destacada” a “una persona cuyas diatribas, insultos y prácticas han ofendido, reiteradamente, al pueblo y gobierno de Nicaragua”.

“El discurso de la embajadora no fue injerencista, más bien habló de mi trayectoria defendiendo los derechos humanos. Dijo, además, que el Cenidh es la organización más grande en el país, y no dejó al descubierto las violaciones de derechos humanos que suceden”, aseguró Núñez en el programa Esta Noche.

Núñez relató que agradeció la distinción con unas palabras “que no duraron más de dos minutos”.

“Expresé mi satisfacción con el gesto personal de la embajadora y el equipo de la embajada que trabaja en la elaboración del informe anual de derechos humanos, que es enviado al Departamento de Estado”, dijo la presidenta del Cenidh. “Dije que compartía la nominación con dos grupos de mujeres: con la madre de Daira Junieth, la niña asesinada por un operativo policial, y que continúa en la impunidad; y con las mujeres que reclaman en las afueras del Sistema Penitenciario”.

Núñez dijo que el Cenidh es tomado como “fuente confiable” por la sección de la embajada estadounidense que elabora el informe de derechos humanos para el Departamento de Estado, pero eso no quiere decir que la información sea una copia de lo que dice la organización que dirige.

Frente al violador de derechos humanos

“Daniel Ortega y Rosario Murillo no me perdonan que haya llevado el caso de Zoilamérica a la Comisión Interamericana (CIDH), y lo haya dejado ganado”, insistió Núñez. Según ella, en el Cenidh poseen un amplio registro de las campañas de desprestigio que el gobierno ha lanzado contra ellas, primero desde el 19 Digital, y luego desde otros pasquines.

Amnistía Internacional alertó que “la estigmatización y deslegitimación contra Núñez es una acción más que se enmarca en un contexto de hostigamiento y persecución que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, el cual Amnistía Internacional ha documentado por varios años”.

La presidenta del Cendih afirmó que el régimen del comandante Ortega la ha “objetivizado”, porque el “Cenidh dice las cosas fuertes, porque está al frente, en el lugar de los hechos en la defensa de los derechos humanos”.

Núñez dijo que han tratado de deslegitimar su labor asociándola a partidos políticos, el imperialismo, la CIA, entre otros epítetos del régimen que ella rechaza: “La defensa de los derechos humanos es política, no una oposición partidista. Dicen que solo responsabilizamos a Daniel Ortega, pero lo que pasa es que en derechos humanos hay algo llamado responsabilidad en cadena”.

La presidenta del Cendih dijo que este ataque molesta, pero no amedrenta el trabajo que desde hace décadas viene realizando. “Si Daniel Ortega viola los derechos humanos, siempre me va a encontrar en la acera de en frente”, aseguró.

Eden Pastora extrae madera de Reserva Indio Maíz

Eden Pastora extrae madera de Reserva Indio Maíz

Veinticinco tucas de cedro macho avanzan sobre el Río Indio, ubicado en la Reserva Biológica Indio Maíz, arrastradas por una lancha. Su destino será San Juan de Nicaragua, frente a una casa grande cuyo patio está ocupado por varias dragas que limpian el sedimento que cae sobre este manto acuífero. El propietario de la vivienda es Edén Pastora Gómez, funcionario delegado por la presidencia para el dragado del Río San Juan.

La madera fue extraída sin autorización de Caño Negro, ubicado dentro de la Reserva Biológica, durante las primeras semanas de febrero de 2017.

Después del paso del huracán Otto, que afectó principalmente la zona sureste del país donde se ubica la Reserva Biológica Indio Maíz, la extracción de madera del área protegida ha aumentado drásticamente.

Amparados bajo la Resolución Ministerial Número 015-2008, que indica que se aplicarán acciones de saneamiento ambiental en aquellas áreas protegidas que dentro de sus límites contengan especies forestales que se encuentren afectadas por fenómenos naturales, empresas madereras y particulares, además de líderes políticos y gubernamentales de la zona, han extraído madera con autorización municipal o de Marena, sin tomar en cuenta al Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K). Según la ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los representantes del gobierno Rama y Kriol son los únicos autorizados para otorgar una orden de aprovechamiento.

Precisamente para evitar el saqueo de madera caída de las áreas protegidas, el GTR-K, emitió un pronunciamiento el pasado 30 de noviembre de 2016 (seis días después del paso de Otto),  en el que explicaba que no era necesario extraer la madera caída para prevenir incendios, pues muchos de los árboles continúan vivos y se regenerarían naturalmente con el tiempo.

El pronunciamiento recordaba que debido al mal precedente de otras épocas, los líderes indígenas no permitirían la entrada de empresas madereras o personas naturales para extraer la madera de la zona compartida entre el territorio Rama y Kriol y la Reserva Biológica Indio Maíz, aún con permisos de aprovechamiento forestal.

El documento fue presentado ante las autoridades de Marena, el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe y la Procuraduría General de la República. A pesar de todo esto, los particulares y empresas madereras, a la fecha, han ignorado las advertencias y continúan en lo fino, sacando la madera de la reserva.

Los “permisos” de Pastora

Las veinticinco tucas que llegaron a la casa de Edén Pastora, en San Juan de Nicaragua, estaban apiladas cerca de las dragas. En una primera comunicación con Confidencial, Pastora aseguró que contaba con todos los permisos para extraer la madera y agregó que sería utilizada para la construcción de un vivero que tiene en la zona.

Cuando le mencionamos que el GTRK había emitido un comunicado en noviembre del año pasado, prohibiendo sacar la madera de las áreas protegidas, Pastora reafirmó que contaba con toda la documentación y que la mostraría, para evitar malos entendidos.

Confidencial visitó a Pastora en su casa de habitación, ubicada en Reparto El Carmen, en Managua, y luego de casi media hora de conversación, este mostró el supuesto permiso que le autorizaba sacar la madera del área protegida.

Sin embargo, el permiso mostrado por Pastora, corresponde al 25 de septiembre del año 2016, dos meses antes de que pasara Otto por la zona y que el GTRK emitiera el comunicado prohibiendo la extracción de madera. La documentación en su poder, no tiene relación con la madera que sustrajo de la Reserva después del paso del ciclón. Además, tampoco estaba firmada por el gobierno de Greytown.

Pastora llamó a su hijo Pánfilo Pastora a San Juan de Nicaragua, para pedirle el permiso donde supuestamente demuestra que obtuvo el beneplácito del GTRK, sin embargo, este le contestó que no lo tenía.

En esta misma semana la junta directiva del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) emitió un pronunciamiento en el que denuncia la permisividad de las autoridades de Marena y el Ejército, en relación a la extracción de madera de la Reserva Indio Maíz, tras el paso del Huracán Otto.

“A pesar del comunicado que nosotros emitimos el año pasado, el Estado de Nicaragua, a través de las instituciones del Marena, Ejército y Alcaldía Municipal de San Juan de Nicaragua, promovieron acciones dirigidas con abuso de autoridad, lesionando nuestro derecho a decidir, el destino y las formas de aprovechamiento de los recurso”, declaró Aldric Beckford, fiscal del GTRK.

Beckford se refiere al caso que involucra a Joseph William Pinder, de origen estadounidense, con documento de identidad número C-00001020, a quien los guardaparques de la Reserva Biológica Indio Maíz, le retuvieron una cantidad considerable de madera, que extrajo de Caño Negro, ubicado dentro del área protegida.

Los guardaparques entregaron en custodia la madera al Ejército Nacional, sin embargo, unos días después, atendiendo una orden del Marena, le devolvieron el producto al norteamericano.

El pronunciamiento, leído por Beckford, explica que se promovieron acciones estatales de retención de recursos maderables y autorizaciones de beneficios a favor de particulares, bajo formas anómalas y procesos administrativos de su devolución, sin el debido reconocimiento y sin el cumplimiento de las formas procesales preestablecidas por la ley.

“El GTR-K nunca fue escuchado, ni parte activa, ni opinante de las decisiones institucionales tomadas al respecto, ni formalmente invitado a ser parte de los procesos, aún sobre nuestra titularidad en el territorio y particularmente de esa zona de interés”, detalló el fiscal del gobierno territorial.

Nueva licencia a empresa Alba

Alba Generación, ligada a la familia Ortega-Murillo, se convierte en el mayor consorcio generador de energía eléctrica en Nicaragua.

El consorcio Alba Generación, construido con fondos del acuerdo petrolero con Venezuela y el cual es manejado por personeros vinculados a la familia presidencial, amplió su capacidad de generación al formalizarse la nueva licencia para la generación de energía térmica por 30 años otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La nueva licencia finalmente fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, del pasado viernes 3 de marzo.

La nueva licencia es por la inyección al sistema de 140 megavatios de energía térmica, generada con fuel oil, un derivado de los combustibles fósiles, mismos que son altamente contaminantes y nocivos para la salud.

Alba Generación pasa ahora a convertirse oficialmente en el mayor consorcio generador de energía eléctrica de Nicaragua, con una capacidad instalada de 293 megavatios de energía eléctrica.

Esto representa un poco más del 25 por ciento de la capacidad instalada en el país y el 50 por ciento de la actual demanda energética.

La planta a la cual se le está otorgando esta nueva licencia pasaría también a ser la de mayor capacidad de todo el consorcio. Se encuentra ubicada en la zona conocida como Los Brasiles, en el kilómetro 15 de la Carretera Nueva a León, en el municipio de Mateare.

La licencia publicada en La Gaceta no detalla el precio de megavatio hora que se establecerá en el contrato de generación con esta nueva planta, ni el precio de la potencia instalada, una muestra mas de la falta de transparencia que tiene este gobierno en aspectos económicos que lo hacen simplemente para ocultar los enormes ingresos que obtienen directamente de contratos con el gobierno. 

La potencia instalada es un pago que se establece en los contratos con plantas generadoras de energía con fuel oil, para las empresas generadoras por tener la planta funcionando a su mínima capacidad, y estas puedan ser activadas lo mas inmediato posible ante un eventual déficit energético.

Esta licencia a Alba Generación fue una concesión directa (sin proceso de licitación) entregada al gobierno, que mantiene una política energética de cero licitaciones desde 2008.

Esta norma ha sido muy criticada por especialistas en temas energéticos y políticos opositores, porque desde su perspectiva fomenta la discrecionalidad y poca transparencia en esto procesos.

La entrada de estos 140 megavatios otorgados directamente a Alba Generación es parte del plan de expansión energética del gobierno, para suplir la salida de operaciones de las antiguas plantas estatales de generación Nicaragua 1 y 2, y Gesarsa.

Estas plantas, que operan igualmente con derivados del petróleo, tienen una existencia de más de 50 años, por lo que su puesta en operación resulta demasiado costosa para el sistema.

¿Hasta cuando vamos a seguir permitiendo que la familia Ortega se siga enriqueciendo a costillas del pueblo?, ellos simplemente siguen sangrando vilmente al pueblo trabajador de Nicaragua, es necesario que levantemos nuestras voces y exijamos nuestros derechos.

Autoritarismo y corrupción en Nicaragua

Estados Unidos agudiza señalamientos en sus informes sobre gobierno de Ortega

De forma consecutiva Estados Unidos publicó en la presente semana sendos informes en los que en el capítulo sobre Nicaragua destaca el autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega, la prevalencia de la corrupción en todos los niveles y la falta del imperio de la Ley, lo que deja al país vulnerable ante el lavado de dinero. Los informes anuales en mención son el relativo a los Derechos Humanos y el referente al narcotráfico y crímenes financieros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe Anual sobre el Estado Global de los Derechos Humanos, no solo califica al gobierno de Ortega de autoritario, que ejerce un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales, sino que destaca que obtuvo su reelección en unos comicios considerados por organizaciones nacionales y la comunidad, de profundamente viciados.

El informe observa que las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de noviembre pasado fueron afectadas por acusaciones de fraude institucional y la ausencia de partidos políticos independientes.

Según observadores nacionales y los líderes de la oposición, hubo tasas de abstención del 60 al 70 por ciento, contrariamente a la tasa de participación de 68.2 por ciento registrada por el Consejo Supremo Electoral, dice el informe, que resalta que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) utilizó recursos estatales para actividades políticas y mejorar su ventaja en las recientes elecciones e hizo obligatoria la membresía partidaria para empleados del sector público.

Nicaragua es una República constitucional multipartidista, pero las acciones del FSLN han dejado como resultado una concentración de poder en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario que ejerce un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales, señala el informe.

El Departamento de Estado de Estados Unidos plantea como principales abusos en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses las restricciones al derecho de voto de los ciudadanos, políticas partidistas para lograr la dominación de un solo partido, así como un mayor hostigamiento e intimidación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de las organizaciones de la sociedad civil.

Reitera la corrupción generalizada en las instituciones como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

Otros abusos significativos en materia de Derechos Humanos mencionados son: arrestos policiales arbitrarios y prolongados, incluido el abuso durante la detención con riesgo para la vida de los detenidos; inadecuadas condiciones penitenciarias, obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, incluida la intimidación y el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes, así como una mayor restricción al acceso a la información pública, como las estadísticas nacionales de las oficinas públicas.

Estados Unidos en su informe destaca que las ONG también denunciaron hostilidad o agresión al cuestionar o hablar con funcionarios sobre temas como la corrupción y el Estado de Derecho.

Corrupción e impunidad

En la Sección 4 del Informe Anual sobre Derechos Humanos, relativo a la corrupción y falta de transparencia en el Gobierno, señala la falta de cumplimiento de la Ley por parte de los funcionarios que frecuentemente participaban en prácticas corruptas actuando con impunidad.

Y destaca que los funcionarios del poder ejecutivo continuaron desembolsando fuera del Presupuesto General de la República fondos de asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), liderada por Venezuela, que promedió más de 550 millones de dólares anuales entre 2010 y 2013, aunque recientemente se ha desplomado a aproximadamente en 200 millones en 2016.

Y retoma lo publicado en algunos medios de comunicación locales en cuanto a que los contratos financiados por Alba fueron otorgados a empresas vinculadas a la familia Ortega y manejados personalmente por miembros del FSLN, con poca supervisión pública.

En el informe que Ortega entregó a la Asamblea Nacional recientemente, por primera vez incorporó los negocios en los que están vinculados la empresa Alba Petróleos de Nicaragua, SA (Albanisa) y su intermediaria AlbaCaruna con el Estado de Nicaragua, a través del financiamiento a programas públicos en el sector eléctrico y productivo, así como las deudas adquiridas con la empresa y la cooperativa que manejan el dinero del acuerdo petrolero con Venezuela.

Lavado de dinero

Es de destacar que la corrupción que campea en el país también resaltó en el Informe Anual sobre Narcotráfico y Crímenes Financieros.

Nicaragua fue incluida en la lista de países a los que Estados Unidos advierte “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de nuevas tecnologías, con las que se pueden financiar actividades ilegales.

En el mismo aclara que el país no se considera un centro financiero regional. No obstante, su sistema financiero y la economía son vulnerables al lavado de dinero, ya que sigue siendo un país de tránsito de drogas ilegales con destino a los Estados Unidos, así como de dinero en efectivo que regresa a América del Sur.

Reconoce que Nicaragua ha dado pasos importantes en su marco legislativo en los últimos años, así como la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Instituciones débiles ante autoritarismo

Sin embargo, afirma que las instituciones gubernamentales débiles, informes importantes de corrupción en todos los niveles, y la falta del imperio de la Ley eclipsan cualquier cambio legal o regulatorio que se implemente para evitar este delito.

A eso le agrega el informe que los tribunales siguen siendo particularmente vulnerables a los sobornos, la manipulación y otras formas de corrupción.

La existencia de múltiples negocios no públicos transparentes con vínculos con el partido gobernante que gestionan grandes transacciones en efectivo, así como la proliferación de filiales con falta de tacto para este delito, aumentan en el país la vulnerabilidad al lavado de dinero, expresa el informe.

Menciona que los casos de corrupción e impunidad incluyen a funcionarios locales y líderes comunitarios acusados de colaborar con narcotraficantes y entidades del crimen organizado.

El informe dice que existe alguna evidencia de envío de efectivos a través de redes para la entrega de las remesas del exterior, que también pueden ser indicativos de lavado de dinero.

Este delito se produce también a través de mecanismos tradicionales, como las compras de terreno, vehículos y ganado. Y sin incluir el tratado de CA-4 entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que permite la libre circulación de los ciudadanos de estos países.

Informe refleja más abusos

El Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos recoge la denuncia de diferentes sectores de la sociedad en relación con el uso de Gabinetes de Familia o los llamados Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), dirigidos por el partido de gobierno y que administran programas sociales gubernamentales en la comunidad, como alimentos subsidiados, viviendas, vacunas, acceso a clínicas y otros beneficios.

El Gobierno también continuó delegando responsabilidades legales a estos gabinetes en los procesos de mediación en casos de violencia doméstica. Igualmente la falta de transparencia y el acceso a la información son mencionados por Estados Unidos como problemas graves que se siguen registrando en el país. Y refiere que el control de la información gubernamental está centralizado en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, encabezado por la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, como Cinco y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunciaron que las solicitudes de información oficial sin la autorización expresa de Murillo fueron rechazadas.

Detención y expulsión

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en el capítulo sobre Nicaragua también destaca las detenciones y expulsiones de extranjeros cuyas visitas se centraron en asuntos considerados sensibles para el partido gobernante, como las supuestas críticas a los derechos humanos, el Estado de Derecho y el Canal Interoceánico. Menciona que en agosto, el relator especial de las Naciones Unidas para los Defensores de los Derechos Humanos canceló un viaje programado a Nicaragua, citando la falta de aprobación de la oficina de seguridad de la ONU.