Policía le quitó documentos del vehículo para que no participara en marcha

La Policía de Ocotal retuvo el pasado viernes los documentos de circulación de un vehículo propiedad del Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigido por Haydee Castillo, prohibiéndole circular fuera del municipio, pese a que su conductor no cometió ninguna infracción. Igual pasó con centenares de personas que en distintos puntos del país fueron retenidos e impedidos de avanzar en vehículos o a pie como sucedió inicialmente en el empalme de Boaco, con Ana Margarita Vijil, Violeta Granera y Azahalea Solís cuando pretendían viajar a Juigalpa.

Esta situación ejecutada por la Policía es violatoria a los derechos humanos así como ilegal de acuerdo a las leyes del país al adoptar esa institución disposiciones fuera de su jurisdicción, explica el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.

“Orientaciones de arriba”

Castillo explicó que un trabajador del Instituto se trasladaba a Totogalpa donde habita y a la salida de Ocotal la Policía le retuvo los documentos, cuando ella se presentó al sitio la Policía rehusó brindarle explicaciones sobre la disposición.  Extraoficialmente algunos policías le expresaron a Castillo que no pidiera explicaciones pues “solo tenemos orientaciones de arriba de detener el vehículo”.

“Lo que tuvimos en ese momento era un estado de sitio, donde solo en estado de sitio existe la posibilidad de que se rompan los derechos fundamentales y yo solo lo vi en los tiempos de Somoza o en tiempos de la guerra”, sostuvo Castillo, quien fue una de las cuatro mujeres que intervino en un foro celebrado en la Universidad Centroamericana (UCA) sobre la defensa de los territorios, celebrado el pasado 19 de abril.

Al día siguiente, sábado,  Castillo  conoció que en varios retenes policiales en la carretera Panamericana Norte los policías mostraron a los ayudantes de los buses de transporte colectivo un listado entre ellos su nombre, con la intención de bajarles de los vehículos.

“Es inaudito, es denigrante, es decepcionante enterarte que estamos en una guerra de baja intensidad, en el sentido que nos están deteniendo, nos están limitando nuestros derechos de una manera solapada...que nos hace falta que ya nos metan a las celdas, por el simple hecho de expresar tu desacuerdo con una ley que limita la soberanía del país y amparados en el artículo 51 de la Constitución que dice que los ciudadanos tenemos derecho a ser críticas a las instituciones del Estado”, sostuvo Castillo.

Para que a una persona le restrinjan la movilización debe haber de por medio una orden judicial y “eso tiene que ser en la medida de la proporcionalidad humana que puede ser por una condena firme que tenés una prohibición de desplazarte más allá de tu territorio, pero estás sentenciado por un asunto de cumplimiento de pena que te tenés que estar reportando y tenés restricciones de movilización como lo que llama orden de arraigo (… ) pero así por así, eso no lo dispone un agente policial eso tiene que estar debidamente fundamentado, debidamente motivado”, explicó el director jurídico del Cenidh.

Y la retención a las personas en diferentes puntos, según el Código Procesal Penal (CPP) es cuando se ha cometido un delito. La Policía tiene la facultad de retener a las personas en la escena del crimen “de cara a los actos de investigación iniciales”, lo que no se aplica en estas circunstancias, pues la Policía tiene por misión constitucional prevenir delitos y capturar a los presuntos delincuentes y, eso no tiene nada que ver con el derecho a la manifestación, afirmó el defensor de derechos humanos.

Carrión apuntó que lo que hubo desde el pasado viernes en el país fue una cadena de sucesos que demuestra que el Gobierno con el operativo policial implementado impidió no solo el derechos de manifestación sino de circulación.

Ese operativo policial, dijo Carrión, “llevaba represión y cinismo”, porque les soliciten o no el permiso ellos hubiesen impedido el desplazamiento de las personas que estaban dispuestas a manifestarse, como ocurrió el pasado sábado en Juigalpa en el Día de la Tierra.

Por qué decirle no al gran canal.

Por que hay que decirle no al gran canal y apoyar a las comunidades indígenas en su lucha.

Por si muchos no conocen la naturaleza de la protesta en contra del canal en Nicaragua y piensan que nada mas es por que las personas están en contra del progreso de nuestro país aquí les vamos a enumerar algunas de las razones que tienen las personas directamente afectas como los nativos de los lugares que se encuentran dentro de la ruta del canal pero entre otras cosas si ustedes leen la ley completa se darán cuenta de la forma en la que se esta vendiendo o rentando nuestra patria por 105 años en los que los chinos tienen el poder de hacer lo que ellos quieran dentro de los limites del canal, mismos que serán determinados por ellos les dejamos parte de dicha ley en la que se toca el tema de las expropiaciones:

Existe una ley que es la 840 promulgada para efectos de facilitar la realización de dicho proyecte la cual señala en su articulo 12 señala que: Art. 12 Procedimiento de Expropiación Es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto, en adelante "Propiedad Requerida", ya sea propiedad privada, propiedad comunal de las Regiones Autónomas o de las comunidades indígenas o propiedad que tenga cualquier Entidad Gubernamental. Dicha expropiación se llevará a cabo por La Comisión de acuerdo al proceso y demás términos establecidos en esta Ley. 

El Concesionario tiene la entera discreción para decidir si solicita a La Comisión la expropiación de una Propiedad Requerida y en qué momento. Sin embargo, para que una Propiedad Requerida sea expropiada, de conformidad con esta Ley, deberá ser expropiada por La Comisión. La expropiación de la Propiedad Requerida se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento: a)La ubicación, el área y el alcance de la Propiedad Requerida de ser expropiada a efectos de cualquier Sub Proyecto deberá indicarse en un plan de expropiación desarrollado por el Inversionista de acuerdo a los términos de El MCA, en adelante referido como un "Plan de Expropiación"; 

b)Si El Concesionario desea efectuar la expropiación de cualquier Propiedad Requerida según el Plan de Expropiación correspondiente, el Concesionario deberá entregar un aviso a La Comisión solicitando tal expropiación, en adelante referido como "Solicitud de Expropiación", debiendo incluir dicha Solicitud de Expropiación: (i) una descripción de la Propiedad Requerida, (ii) su ubicación y área, (iii) inventario y planos, (iv) el nombre del propietario o poseedor, según corresponda, según fuere conocido por El Concesionario, (y) la indemnización propuesta para ser pagada al dueño, la que en lo sucesivo será denominada "Indemnización por Expropiación" y se calculará por El Concesionario en virtud del literal O debajo;

 c)Con relación a cualquier Propiedad Requerida que fuere propiedad comunal ubicada en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, La Comisión mandará a oír al Consejo Regional o Municipalidad correspondiente, quienes tendrán el derecho de expresar su respectiva opinión referente a la expropiación hasta por siete (7) días luego de recibir notificación de La Comisión. Tras el vencimiento de ese término, habiendo o sin haber recibido opinión del Consejo Regional o Municipalidad, y, a modo aclaratorio, sin requerir el consentimiento o aprobación de dicho Consejo Regional o Municipalidad, La Comisión podrá continuar con el proceso de expropiación como se describe en este artículo 12. No se requerirá ningún otro Consentimiento, acción o requisito establecido en otras leyes para completar este proceso de expropiación; 

d)La Comisión deberá efectuar un anuncio público tan pronto como sea posible pero a más tardar tres (3) días después de haber recibido una Solicitud de Expropiación. fuere posible después de la recepción de una Solicitud de Expropiación y a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes, una notificación por escrito denominada "Notificación de Expropiación" al propietario (s) de dicha Propiedad Requerida, estableciendo la Propiedad Requerida a ser expropiada y la cuantía de la Indemnización por Expropiación, en cada caso de acuerdo con tos términos de dicha Solicitud de Expropiación;

 e)En caso que el dueño de una propiedad a ser expropiada fuere desconocido, no pudiere encontrarse, no pudiere verificarse o por cualquier razón no estuviere representado, La Comisión deberá, tan pronto determinare tal hecho, solicitar el nombramiento de un guardador para actuar y recibir todas las notificaciones y otros documentos y otorgar contratos, acuerdos, transferencias, liberaciones o recibos a nombre del dueño para cualquiera de los propósitos de esta Ley. Dicho nombramiento será solicitado por La Comisión en base a los artículos 48, 49 y 50 del Código Civil de la República de Nicaragua. Cualquier acto realizado o contrato, acuerdo, transferencia, liberación o recibo preparado o dado por una persona que ha sido nombrada de acuerdo a este artículo 12, literal e), vincula para todos los fines a la persona en cuyo nombre se actuó, se otorgó el contrato, acuerdo, transferencia, liberación o en cuyo nombre se preparó y se entregó recibo;

 f)La Indemnización por Expropiación será equivalente al valor catastral de la correspondiente Propiedad Requerida, calculado de acuerdo con los requisitos de los procedimientos y reglamentos de valuación establecidos por la Comisión Nacional de Catastro de Nicaragua para la Municipalidad respectiva. Sin embargo, se aplicará como valor de la Indemnización por Expropiación el Valor Justo de Mercado de dicha Propiedad Requerida a la fecha de esta Ley, si éste valor fuere inferior al valor catastral, calculado tal Valor Justo de Mercado como el valor por el cual la Propiedad Requerida se transferiría en una venta en igualdad de condiciones entre partes no afiliadas en un mercado abierto. Como se establece en el literal k) a continuación, no se pagará contraprestación por una Propiedad Requerida que sea a la fecha de esta Ley o con posteridad, propiedad de cualquier Entidad Gubernamental; 

g)En la determinación de la Indemnización por Expropiación pagadera a los propietarios, no se deberá tornar en cuenta:

 (i)El uso especial que El Concesionario dará a la Propiedad equen a; 

La Comisión también deberá entregar, tan pronto como (ii)Cualquier aumento o disminución en el valor de la términos de El MCA, será transferido por La Comisión Propiedad Requerida que resultare de la inminencia del a El Concesionario en la fecha de Declaración de desarrollo que origina la expropiación que se hiciere o de Expropiación o dentro de los siguientes treinta (30) días cualquier prospecto inminente de expropiación; o desde la fecha de la Declaración de Expropiación.

Les dejamos la ley 840 tal y como apareció en la gaceta (diario oficial) Ley 840

Sandinistas le niegan oficina a Brooklyn Rivera

Sandinistas le niegan oficina a Brooklyn Rivera

El bloqueo administrativo en la Asamblea Nacional de los sandinistas a su exaliado y diputado por Yatama, Brooklyn Rivera, no le permite a este responder a las solicitudes de proyectos de los comunitarios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), donde fue electo. Los legisladores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al ser mayoría en la Junta Directiva de la Asamblea, rechazaron dar a Rivera una oficina en la sede parlamentaria, y con ello también acceso a un fondo económico para la administración de esa oficina.

Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea, dijo vía telefónica, que al diputado Rivera no se le asignó oficina en la Asamblea porque no tiene bancada “y por tanto tampoco tiene derecho” a recibir el fondo económico equivalente a 30,000 córdobas mensuales para pagar los gastos de secretaria, asesor y conductor.

Rivera resultó como el único diputado del partido Yatama en las elecciones nacionales de noviembre del 2016. El legislador indígena no se alió a otros partidos minoritarios en la Asamblea, para conformar bancada como sí lo hicieron los de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Partido Liberal Independiente (PLI).

Navarro recordó que se conforma bancada con cuatro diputados, pero en el caso del diputado Rivera este prefiere mantenerse independiente.

Alfredo César y Byron Jerez también son los únicos diputados designados al Partido Conservador (PC) y al de Alianza por la República (Apre), respectivamente. A César tampoco se le asignó oficina, pero de Jerez se conoció que comparte oficinas en la bancada sandinista.

Regreso del trabajo legislativo

Mañana martes está previsto que se retome el trabajo parlamentario, luego de las vacaciones por Semana Santa. La junta directiva deberá decidir si esta semana se deja para que las comisiones permanentes revisen las propuestas de leyes y decretos, o si será de sesiones plenarias.

Entre la agenda pendiente está la sesión para entregar la Medalla de Honor en Oro al historiador Aldo Díaz Lacayo, y la Ley que declara el 30 de julio Día de la Amistad entre Nicaragua y Costa Rica.

10 razones por las que los congresistas de EE.UU. introdujeron la Nica Act

Entre las razones también destaca el enriquecimiento de la familia gobernante.

25 congresistas plantearon un proyecto de ley para condicionar el voto de Estados Unidos, en las solicitudes de créditos de Nicaragua, a cambio de que el Ejecutivo de Daniel Ortega restablezca la democracia. Estos son algunos de sus argumentos:

1. Control de poderes del Estado

Daniel Ortega y el partido sandinista han socavado sistemáticamente las frágiles instituciones gubernamentales del país. El caudillo ejerce control en poderes del Estado que utiliza para hostigar y reprimir.

2. Fraudes electorales

La ley documenta que los abusos han derivado en la pérdida de espacios democráticos a partir de las elecciones municipales en 2008, algo que la Nica Act describe como “el declive en los derechos políticos y las libertades civiles en Nicaragua”. Hubo fraude electoral en 2011. Ortega obtuvo una amplia mayoría. En el 2014, modificó la Constitución para garantizar la reelección indefinida.

3. Reelección ilegal en 2011

Ortega ha permanecido ilegalmente en el poder. En 2011 lo hizo a través de la sentencia que emitió un año antes la Corte Suprema de Justicia, controlada por él, que le permitió sortear la prohibición constitucional de reelegirse establecida en el artículo 147.

4. Violaciones a los derechos humanos

Restricción al derecho de voto de los ciudadanos a través de diferentes vías; obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, incluida la intimidación y hostigamiento del gobierno contra periodistas y medios de comunicación independientes, restricción del acceso a la información pública.

Hostigamiento e intimidación contra Organizaciones No Gubernamentales, sociedad civil, exclusión de partidos políticos de las elecciones en el 2016, la imposición hacia el unipartidismo; detenciones arbitrarias y abusos contra los detenidos, discriminación contra las minorías étnicas y comunidades indígenas (conflicto con miskitos), detención ilegal y expulsión del director para América Latina de la organización de Derechos Humanos Freedom House, Carlos Ponce, expulsión de dos funcionarios estadounidenses de Aduana y Protección Fronteriza, y un académico.

5. Votaciones 2016

El proceso electoral de noviembre del 2016 fue ilegal; una contienda no justa y transparente en que resultó designado Ortega (tercer período consecutivo desde 2007) y su mujer como presidente y vicepresidenta de Nicaragua, respectivamente.

6. Prohibición

 a la observación internacional de la Unión Europea y la OEA en 2016.

7. Eliminación 

del principal partido de oposición de la contienda, la destitución de 28 diputados del PLI en la legislatura anterior.

8. Corrupción

Compañías (estadounidenses) informaron sobre las prácticas de soborno por parte de funcionarios, incautaciones ilegales y evaluaciones arbitrarias por parte de la Dirección de Aduanas y la Dirección General de Ingresos. Falta de transparencia del gobierno en el manejo del Presupuesto de Nicaragua.  La ayuda de Venezuela es administrada fuera del presupuesto estatal.

9. Enriquecimiento de la familia gobernante

El congresista Albio Sires, coautor de la Nica Act, dijo que Ortega y su familia siguen acumulando una gran cantidad de riqueza, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental.

10. Congresista Ileana Ros-Lehtinen dijo que el Congreso examina dónde aprovechar mejor el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Se denuncia públicamente al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA

Denuncia pública: caso OEA-Nicaragua

Y así como el “diálogo” en Venezuela, según Almagro, fue “contraproducente”, asimismo sus “acuerdos” obstaculizan una solución democrática para Nicaragua.

Denuncio al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA:

1) Por fallarle a la causa de la democracia y la libertad del pueblo de Nicaragua, al actuar de hecho como aliado de la dictadura orteguista y tratar de ignorar la farsa electoral  2016 y la masiva abstención electoral del pueblo el 6 de noviembre. Farsa y abstención que conocen la comunidad internacional y nosotros los nicaragüenses, como los mejores “observadores”,  cuando el pueblo dijo en voz  alta y clara: ¡No a la farsa electoral! La gente no fue a votar y las calles de Nicaragua estaban vacías.

Esta extraordinaria abstención hace que este régimen carezca de toda legitimidad y que hayan graves inconsistencias en los “resultados”, al tratar el sistema de inflar y crear cifras falsas, para hacer (nos) creer que la gente votó. No presentó el Consejo Supremo Electoral (CSE) los resultados de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) como mandata la Ley.

Y nadie puede venir aquí, señor Almagro,  a tratar de legitimar lo que es ilegítimo, ni a tratar de legalizar lo que es ilegal.

2) Por actuar de manera turbia, al ocultar el señor Almagro  el Informe original preparado por la OEA  precisamente sobre el proceso electoral del 2016.  ¿Y el principio de transparencia en la OEA?

3) Por fallarle el señor Almagro a los principios fundamentales de la OEA y la CDI, ya que en Nicaragua se ha roto en mil pedazos: el Estado de Derecho, la Institucionalidad,  la independencia  de los poderes,  la autonomía municipal, el derecho a elegir,  el respeto a la libertad de expresión y movilización,  los DD. HH. del pueblo. ¿Y la OEA y la CDI, entonces para qué están?  (El Parlamento Europeo, más lejos de Nicaragua, ha señalado graves ausencias de democracia en este país).

4) Por falta de seriedad   y  faltarle el respeto al pueblo de Nicaragua,  al firmar “acuerdos” con los mismísimos funcionarios del CSE que ejecutaron los fraudes  de las elecciones municipales del 2008, las nacionales del 2011, las municipales del 2012 y las recientes  elecciones nacionales del 2016 convertidas en una farsa electoral repudiada por la abstención popular.

Fraudes que han provocado —y le han costado al pueblo pobre de Nicaragua— la pérdida de cientos, si no miles, de millones de dólares de cooperación internacional,  que hubieran servido para aliviar la pobreza, generar empleos, mejorar la educación y la salud de nuestra gente. Fraudes flagrantes y la OEA —y el señor Almagro— bien saben, ya que la OEA estuvo presente en el  2011 como “observador” electoral.

5) Por ignorar completamente en sus “acuerdos”, las múltiples denuncias de violaciones a los DD. HH. presentadas al señor Almagro en  Managua (30 Nov-1 Dic); incluyendo  la  violenta represión sufrida  por los campesinos de Nueva Guinea —liderados por doña Francisca Ramírez—, que se movilizaron contra la Ley 840 del Canal y contra los resultados amañados de “la chanchada electoral”. ¡Pareciera  ser que el señor Almagro ni oyó, ni vio nada! ¡Es triste!

6) Por no ser coherente  entre su decir (o escribir) y su actuar. (Ver su  artículo en  El País de España).

Habla como demócrata pero actúa como aliado de la dictadura al pretender desviar la atención de la farsa electoral del 2016 con el cuento de unas elecciones municipales 2017, que serían claramente “un espejismo de democracia”  dejando intacta a la  dictadura Ortega-Murillo derivada de esta farsa.   ¡Aquí no ha habido elecciones nacionales!  No podemos aceptar que “lo robado, robado está”. ¡Es nuestro país!

Y así como el “diálogo” en Venezuela, según el señor Almagro,  fue “contraproducente”, asimismo sus “acuerdos”  obstaculizan  una pronta solución pacífica, democrática e integral, para Nicaragua. Cabe preguntar:  ¿de qué lado están  Almagro   y la OEA?

Almagro insiste en la urgente necesidad de “redemocratizar” y “reinstitucionalizar” a Venezuela. Pero no plantea lo mismo para Nicaragua. ¿Por qué maneja “dobles discursos” para Venezuela y Nicaragua?

El autor es ingeniero. Ciudadano nicaragüense.

Amenazan de muerte a defensora de derechos indígenas en Nicaragua.

“Responsabilizo al Estado por las
 amenazas de muerte”

Lottie Cunningham exige protección para los defensores de derechos humanos en Nicaragua

Lottie Cunningham no calla. La han amenazado de muerte, pero sigue denunciando la inacción del gobierno del comandante Daniel Ortega ante la invasión de tierras indígenas por parte de colonos en el Caribe de Nicaragua. Una situación que ha dejado más de 32 indígenas asesinados desde septiembre de 2015.

A través de su cuenta de Facebook, la directora del Centro Por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan) recibió las amenazas. Si seguía denunciando ante los medios de comunicación la invasión, sería asesinada, le dijeron.

“Si nos pasa algo vamos a responsabilizar al Estado de Nicaragua, porque tiene que asumir esa obligación de proteger y defender a los defensores de derechos humanos”, dijo Cunningham en una entrevista transmitida en el programa Esta Noche.

¿Hubo algún tipo de identificación de estas amenazas? ¿De quiénes vienen?

Recibí la amenaza directamente en mi messenger de Facebook. Desconocemos quién es la persona. Sin embargo, la forma en la que hace la amenaza interpretamos que son grupos afines al gobierno. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por estas amenazas. Estamos viviendo esta criminalización desde hace dos años.

¿Por qué este tipo de personas afines al Frente Sandinista hacen estas amenazas hacia su persona y el Cedjuchan?

Porque nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos tenemos más de veinte años trabajando específicamente en la defensa de los derechos territoriales, y la protección de los recursos naturales. En estos últimos años, desde 2007 a 2015, y hasta el día de hoy, se ha aumentado la criminalización hacia los líderes indígenas en la defensa de sus territorios. Dentro de esa criminalización hemos tenido amenazas por defender a los pueblos indígenas.

Es bastante serio el hecho que, en este caso, las amenazas vengan de un partido político que ostenta el poder en Nicaragua. ¿Cree que hay riesgo real de su vida?

Por supuesto. Es deber del gobierno de turno y el Estado de Nicaragua proteger a los defensores y defensoras, y que no tengamos ningún tipo de obstáculo, difamación ni criminalización para ejercer la defensa de los pueblos indígenas. Como ya hay antecedentes en los que nos han asesinado, las amenazas que nos han hecho por medio de los textos, nos han indicado que en la misma forma que han asesinado a los líderes indígenas, nos van a asesinar a nosotros.

Según sus cifras, son más de 32 miskitos asesinados, 40 secuestrados… ¿ha habido algún tipo de respuesta de las autoridades a esta ola de violencia que desangra el Caribe?

Nosotros hemos agotado todos los mecanismos internos, e incluso los mecanismos internacionales ante el sistema interamericano. Es decir, hemos interpuesto denuncias ante la Policía Nacional, sin embargo, a nosotros en diciembre nos rechazaron 49 casos denuncias interpuestas. El agente policial nos informaba que tenían orientaciones superiores para no atender estas denuncias. Incluso, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a doce comunidades indígenas han sido ignoradas por el Estado de Nicaragua.

También fueron emitidas para miembros de su organización.

Así es. Para seis miembros de Cejudhcan. El gobierno no ha tomado ningún tipo de medida para disminuir lo que, tanto las comunidades como nosotros, enfrentamos.

Estamos en un contexto bastante hostil para los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Hemos visto lo que ha pasado con Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, y las amenazas que ha denunciado la líder del movimiento anti canal Francisca Ramírez. En el contexto centroamericano se ha dado el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. ¿Cómo se siente Lottie Cunningham ante este ambiente y como mujer defensora?

Sentimos que se sigue intimidando y descalificando la labor que nosotros hacemos, pero estamos muy seguros de nuestro trabajo, es buscarle justicia a los pueblos indígenas. En este caso específico la defensa de sus territorios, que es un derecho humano fundamental para la existencia de los pueblos indígenas. Así que con estas intimidaciones nos sentimos vulnerados, pero eso no va a dar paso atrás. Vamos a continuar nuestros trabajo y lograr el saneamiento territorial de los pueblos indígenas.

Si llegara a ocurrirle algo a un miembro de su organización o a su persona, ¿usted responsabilizaría al Frente Sandinista?

En este caso vamos a responsabilizar al Estado de Nicaragua, porque tiene que asumir esa obligación de proteger y defender a los defensores de derechos humanos.

¿Además de poner esta denuncia, han recibido algún tipo de seguridad por parte de las autoridades locales?

En ningún momento las autoridades competentes se nos han acercado para implementar las medidas necesarias, como son las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Ni siquiera las medidas cautelares para las doce comunidades que viven en alto riesgo, resultado de la omisión e ignorar las medidas cautelares. Las comunidades y nosotros seguimos sufriendo amenaza y hostigamiento como lo vimos el mes de febrero.

¿Qué medidas de seguridad están tomando para protegerse como organización?

Compartir la información al público, para que el público conozca sobre las amenazas que estamos recibiendo. Hemos denunciado la misma ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde hace años vienen denunciando el tráfico ilegal de tierras. ¿Quiénes están involucrados en este tráfico?

Hemos pedido una investigación sobre el proceso, porque conocemos de parte del Estado un informe con una lista de nombres. Pero nosotros conocemos de otros. Este informe fue entregado a la Comisión Interamericana como un informe de cumplimiento a las medidas cautelares. Lo que nosotros esperamos es que el Estado investigue los casos y los esclarezca. Que señale quienes son las ventas ilegales de los territorios.

De acuerdo a una investigación de Confidencial miembros del Frente Sandinista promueven la invasión de tierra en el Caribe. ¿Ustedes conocen de esta situación?

Lo que hemos hecho es interponer denuncias a las autoridades competentes. Sin embargo, no han prosperados. Las autoridades siguen omitiendo. Lo que ha solicitado las comunidades que las personas que han vendido, incluyendo indígena, deben ser sancionados. Se debe parar este proceso sancionando a los compradores, porque nadie puede ignorar la ley.

¿Cómo se puede solucionar este problema?

Para nosotros la solución es el saneamiento, y eso significa el tratamiento para caracterizar a los terceros. En el caso de los colonos, que son invasiones masivas, la ley dice tácitamente. Incluso el Código Penal establece como delito la usurpación de la tierra comunal. Esperamos que las autoridades, ante las denuncias que hemos hecho, pueden proceder a investigar a los autores materiales e intelectuales.

¿Cree que hay voluntad político para impulsar el saneamiento?

No se ha visto una voluntad política por parte del gobierno. Los mecanismos que hemos tenido, como es las medidas cautelares, y en el caso de la Corte la medida provisional, establece que debe tomarse medidas necesarias. No únicamente para proteger vida, sino que debe ver desde la territorialidad con una perspectiva de una identidad cultural. La Corte le orienta al Estado de Nicaragua resolver el saneamiento. Sin embargo, el Estado informó en diciembre de 2015 que había un decreto para formar una comisión interinstitucional e iniciar el proceso. Pero no han llamado ni a las comunidades ni representantes.

Hay voluntad de aprobar la Nica act.

Ex embajador dice que Ortega está obligado a actuar con transparencia.

Para el analista político y ex diplomático Bosco Matamoros, las violaciones del gobierno de Daniel Ortega a los derechos políticos y civiles de los nicaragüenses, sumado a la presión de la  Nica act y la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua que trabaja un proceso de cambios en el país en el tema electoral, son una olla de presión que obligan al caudillo sandinista a realizar cambios en su conducta política.

“Aquí hay un contexto internacional que es bien importante. Este gobierno ha perdido amigos en Europa. En Washington no encuentro yo sectores que le tengan simpatía, que estén enamorados de este modelo que no es aceptado ¿porqué? porque este tipo de modelo se ha sobreextendido, ha ido más allá de su capacidad de ser sostenible políticamente”, advierte Matamoros, un experto cabildeador en la capital estadounidense. La suma de hechos negativos que ponen contra la pared a Ortega, según el punto de vista de Matamoros, son contundes y que desde hace rato se lo advierten al caudillo.

Matamoros recuerda que algunos hechos que van desde la suspensión de la Cuenta Reto del Milenio de parte de Estados Unidos, la suspensión también de la cooperación europea, hasta la amenaza de que el país no pueda acceder a créditos de organismos financieros, en los cuales el voto de EE.UU. es decisivo, lo que podría expresarse si llega a ser una realidad la iniciativa conocida  la “ Nica Act”, aprobada en el Congreso y aun pendiente de un proceso en el Senado.

 Buscó información en EE.UU.

“Mi impresión desde el punto de vista político después de las reuniones que tuve en Washington, tanto en la Cámara como en el Senado, con los directores de los comité de Relaciones Exteriores es que hay una voluntad política de aprobar esta legislación (Nica Act) independientemente de lo que se esté haciendo por aquí”,  dijo Matamoros, quien aseguró que estas gestiones las hizo a título personal para “informarse”.

Además advirtió que “aquí tenés dos cosas: la aprobación y la aplicación de esa legislación que serán catastróficas para la estabilidad del país porque Nicaragua necesita de la inversión internacional”. Matamoros se desempeñó como  embajador de Nicaragua en Europa, durante la presidencia de Enrique Bolaños (2002-2003). Matamoros asegura que Ortega está obligado a actuar con transparencia ante la comunidad internacional para buscar su legitimidad y eso pasa, dice el ex diplomático, que además de la OEA como observador, también Ortega permita que venga a observar los procesos electorales la Unión Europea y el Centro Carter.

“El gobierno de Daniel Ortega debe asegurar que haya un proceso electoral transparente y aceptable internacionalmente. Las elecciones como las que hubieron en el 2016, hay un consenso internacional de que fueron viciadas y el hecho de que este la OEA en Nicaragua demuestra la necesidad de este gobierno de que haya un proceso no solamente aceptable para los nicaragüenses sino también para la comunidad internacional”, señala el analista.

Matamoros cuestiona que Ortega ha estado mal asesorado y que las consecuencias son que  ahora está “en una situación de arrinconamiento”.

“¿Cuáles serían las alternativas de Ortega sino da elecciones transparentes? Hay un hilo de oportunidades y Ortega ha demostrado que puede actuar con osadía y creatividad y en esta circunstancia necesita osadía y creatividad. Ortega hoy más que nunca necesita el consenso de la llamada oposición, pero no de la oposición patrimonialista, sino del consenso de una oposición auténtica y competitiva y que los nicaragüenses  le digan a la OEA si aceptamos esos resultados.. Con elecciones observadas por la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, el Frente (Sandinista de Liberación Nacional) no gana elecciones porque su política clientelar no pasa de más del 30 ó 35 por ciento (de los votos)”, afirmó Matamoros.

Oposición sin propuesta

No obstante, el analista  dijo  que se necesita la unidad de la oposición, pero con una propuesta política que aglutine a esa mayoría silenciosa de la población que no salió a votar en  de noviembre de 2016. “Esa mayoría silenciosa de este país tiene que organizarse para articular esa voluntad política para ganarle al Frente Sandinista las municipales y prepararse para ganar las nacionales”, planteó Matamoros.

Factor Coerción

La Nica Act y OEA  son un factor coercitivo contra  Daniel Ortega, insiste el ex embajador Matamoros.

“El Nica Act va de la mano con la propuesta de Almagro (y) es el factor coercitivo que está obligando a este gobierno aceptar las condiciones que la OEA está proponiendo para solucionar el tema electoral y se logren  las reformas constitucionales que este país necesita, para que haya transparencia electoral y los poderes de Estado funcionen independiente y en el marco de la ley, se respeten los derechos políticos y civiles”, explicó.

“De modo que Ortega es el único que tiene en sus manos no se aplique la ley Nica Act una vez aprobada, que repito sería catastrófico para Nicaragua”, dijo.